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La función logística es, en el mundo económico globalizado en que vivimos, un aspecto clave en la gestión empresarial. De eso, no hay duda. Pero también lo es, si ponemos una visión más amplia, para la sociedad en su conjunto.

Las empresas llevan mucho tiempo sabiendo lo importante que es la gestión de su proceso logístico y han puesto foco durante años en los puntos clave de ese proceso: entregas rápidas, entregas a tiempo, optimizado la inversión en circulante y los costes del proceso. Es una óptica muy de excelencia operativa en la que muchos de los conceptos y enfoques Lean y similares, han ayudado infinitamente en la mejora de esos puntos clave.

Ahora, la logística en las empresas, y todos como sociedad en su conjunto, estamos inmersos en un reto más amplio: el reto de la SOSTENIBILIDAD con mayúsculas.

Y no sólo en la más conocida de las dimensiones del concepto sostenibilidad (la medioambiental-ecológica), sino en todas las dimensiones que se manejan a nivel institucional (ONU con sus ODS) o normativo (con los referenciales de todo tipo como las conocidas ISO) y que incluyen, tal y como se define en las normas internacionales, ocho campos de acción: gobernanza, derechos humanos, sociedad, medio ambiente, prácticas leales, relaciones con los clientes/consumidores, implicación en los territorios y tecnología e innovación.

El concepto de sostenibilidad está estrechamente vinculado con las nociones de “partes interesadas” y de “rendimiento”: una empresa es sostenible si, en su marco de análisis del rendimiento de sus actividades, considera al conjunto de las partes interesadas afectadas por estas últimas.

Una parte interesada es una persona, grupo u organización:

  • Ante la cual una empresa tiene una responsabilidad legal, financiera u operativa (empleados, inversores, accionistas, clientes, sindicatos, proveedores...);
  • Cuyos intereses se vean afectados por la empresa. Pueden ser intereses particulares o intereses colectivos (comunidades locales, asociaciones empresariales, vecinos...);
  • Que pueda ejercer una influencia sobre la empresa (ONG, instituciones internacionales, agencias de calificación, medios de comunicación, poderes públicos...).

La evaluación del rendimiento de una empresa puede:

  • Ser meramente económica, en cuyo caso la empresa solo considerará a los agentes que participen directamente en sus actividades: los inversores, los proveedores y los empleados, que permiten la producción de bienes o servicios destinados a los clientes;
  • Ser global, en cuyo caso la empresa, además de los cuatro actores previamente identificados, también considerará a la sociedad civil, al poder público, a los acreedores, a su sector empresarial, a los medios de comunicación y a las comunidades locales. Dentro de este perímetro ampliado, la mera dimensión económica ya no es suficiente; la evaluación del rendimiento adquiere un carácter más global y social.